Constanza Sánchez
El juez de la Audiencia Nacional que investiga el ‘caso Koldo’, Ismael Moreno, ha llamado a declarar este jueves como investigado al empresario Víctor de Aldama, a raíz del informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sobre los contratos de material sanitario adjudicados por Baleares a la presunta trama de mascarillas.
El empresario estaba citado para el 14 de mayo junto con Koldo García, el exasesor del ministro de Transportes José Luis Ábalos, ambos en calidad de investigados. Sin embargo, Moreno trasladó la declaración de Aldama a la siguiente semana tras «verificar la agenda de señalamientos» de la Audiencia Nacional.
Koldo se acogió a su derecho de no declarar, tal como anunció su abogada, Leticia de la Hoz, que presentó un recurso al magistrado para archivar la causa y suspender el interrogatorio, argumentando que los hechos ya habían sido juzgados en el Tribunal Supremo.
De la Hoz puntualizó que Koldo debía declarar sobre las mascarillas de Baleares y Canarias, aunque «ya ha sido objeto de juicio en el Tribunal Supremo», argumentando que el fiscal y la acusación popular lo incorporaron en las conclusiones definitivas. Añadió que también se solicitó la declaración de Francina Armengol y Ángel Víctor Torres, expresidentes de estas islas, en el juicio.
La Fiscalía Anticorrupción había solicitado la declaración de Koldo y Aldama tras el informe de la UCO sobre Baleares, para profundizar en las relaciones entre los miembros de la presunta organización criminal que integrarían, entre otros investigados, Aldama, Koldo y Ábalos.
El informe apuntaba que los contratos de material sanitario, enmarcados en la pandemia del coronavirus, «constituirán parte de la razón de ser de la contraprestación mensual de 10.000 euros en efectivo que Víctor de Aldama venía pagando a Koldo», una relación que le permitía al empresario «tener acceso» al exministro.
Asimismo, se indicaba que esta «relación económica» se mantuvo hasta ocho meses después de que Ábalos y Koldo fueran cesados del Ministerio de Transportes en julio de 2021, señalando que «este patrón» de pagos de Aldama no se «ceñiría a actuaciones concretas» sino al «aseguramiento de su capacidad de influencia» para obtener «un lucro económico».
El magistrado Ismael Moreno investiga varias líneas del caso, siendo la que dio origen a la causa las presuntas irregularidades en la compra de mascarillas durante la pandemia, que ya ha sido parcialmente juzgada por el Supremo con Ábalos, Koldo y Aldama como acusados, debido a la condición de diputado aforado que tenía el exministro cuando fue procesado.
El caso también investiga presuntos amaños de obra pública y los pagos en metálico del PSOE entre 2017 y 2024 para devolver gastos anticipados, siendo esta una pieza que continúa bajo secreto de sumario.
