Constanza Sánchez
MADRID, 21 de mayo – Sumar ha anunciado su intención de impulsar una iniciativa destinada a regular las actividades de los expresidentes del Gobierno. Esta medida busca prohibir que estos exmandatarios utilicen la oficina a la que tienen derecho por haber ocupado ese cargo, la cual está financiada con fondos públicos, para llevar a cabo actividades «lucrativas» privadas.
El portavoz adjunto de Sumar y dirigente de Izquierda Unida, Enrique Santiago, dio a conocer este proyecto en declaraciones realizadas en el Congreso, en respuesta a la reciente imputación del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero.
Los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2023, que se han mantenido prorrogados desde entonces, mantienen congelada en 298.320 euros la partida destinada a los cuatro expresidentes del Gobierno: Felipe González, José María Aznar, José Luis Rodríguez Zapatero y Mariano Rajoy. Esta cantidad se distribuye entre ellos, de tal manera que cada uno cuenta con 74.580 euros anuales para cubrir los gastos de sus respectivas oficinas.
Enrique Santiago subrayó que la reciente decisión del juez José Luis Calama «no concreta» las imputaciones relacionadas con blanqueo de capitales y apropiaciones indebidas; sin embargo, el portavoz considera «muy grave» que alguien que ha ocupado la Presidencia del Gobierno «utilice recursos del Estado para cualquier tipo de actividad lucrativa».
“Eso debería estar perfectamente diferenciado y, desde nuestro punto de vista, debería estar prohibido: o se utiliza la oficina de expresidente para hacer actividades privadas, lo que no se puede es mezclar y, sobre todo, no se pueden utilizar recursos de la oficina para realizar actividades privadas”, explicó Santiago, enfatizando la necesidad de definir claramente «qué actividades son públicas y cuáles son privadas».
LEY DE ‘LOBBIES’
Enrique Santiago también ha solicitado que se reactive la tramitación de la regulación de las actividades de los grupos de interés, la cual el Gobierno envió al Congreso como parte de un paquete de medidas anticorrupción. Este paquete se presentó a raíz del ingreso en prisión, hace casi un año, del exsecretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán. Los grupos han registrado sus enmiendas a esta ley, pero aún no se ha convocado la ponencia para comenzar a debatirlas.
Asimismo, el diputado de Compromís incorporado a Sumar, Alberto Ibáñez, ha señalado la conveniencia de regular las actividades de los expresidentes, mostrando su apoyo a la prohibición de que “puedan vender su agenda de teléfonos”.
Además, ha instado a reflexionar sobre la legalidad que permite a los expresidentes “cobrar por dar charlas o por asesorar a empresas que luego pueden beneficiarse de las políticas públicas del Gobierno”.
