Constanza SánchezEl Gobierno ha admitido que el auto judicial que imputa al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero por su supuesta participación en una trama de tráfico de influencias es un documento «serio» que contiene indicios, pero insisten en que se sienten más tranquilos porque no hay pruebas concluyentes que incriminen al exdirigente socialista.
Fuentes del Ejecutivo han señalado que el auto del juez José Luis Calama, de la Audiencia Nacional, atribuye a Zapatero presuntos delitos de organización criminal, tráfico de influencias y falsedad documental. Sin embargo, aseguraron que el documento no incluye mensajes, conversaciones o audios que demuestren efectivamente un tráfico de influencias; los indicios presentados se basan en testimonios de terceros sobre las actividades de la supuesta trama.
Además, destacan que Zapatero no figura como propietario de ninguna empresa y que todos sus ingresos han sido a título personal.
Zapatero, «faro moral» del PSOE
Aunque la posibilidad de que puedan aparecer pruebas más adelante no se descarta en Moncloa, actualmente el Gobierno se aferra a esta circunstancia para continuar apoyando a un Zapatero al que siguen considerando un «faro moral» para el Partido Socialista Obrero Español (PSOE). Sin embargo, reconocen que este auto judicial se diferencia de otras actuaciones de los tribunales que han sido menos favorables, como la investigación del juez Juan Carlos Peinado sobre Begoña Gómez, la esposa del presidente del Gobierno. En este sentido, tampoco se observan pruebas tan contundentes como las presentadas por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil contra el exsecretario de Organización, Santos Cerdán, que llevaron a su destitución inmediata.
El martes por la mañana, tras conocerse la noticia de la imputación de Zapatero, el PSOE salió rápidamente en su defensa, insinuando que podría existir una utilización política de la Justicia, como parte de la consigna del Partido Popular de «quien pueda hacer que haga». Sin embargo, en el Ejecutivo han distanciado ahora de esa narrativa, admitiendo que su reacción pudo haber sido precipitada debido a la falta de información sobre la fundamentación del auto.
Varios socios del Gobierno, como Sumar, Compromís y Podemos, también han dado un paso atrás después de que, en un primer momento, lanzaran acusaciones de guerra sucia judicial contra Zapatero. La diputada de Compromís, Agueda Micó, afirmó este miércoles al llegar al Congreso que «ya no está tan claro» que haya habido ‘lawfare’.
Mantienen apoyo hasta que aparezcan pruebas
Dentro del Gobierno, se mantiene una «defensa cerrada» del expresidente Zapatero, aunque se matiza que continuará así hasta que aparezcan indicios probados. El portavoz socialista en el Congreso, Patxi López, se pronunció en los pasillos de la Cámara Baja a primera hora del miércoles diciendo: «Yo le voy a seguir defendiendo hasta que se demuestre lo contrario», instando a la Justicia a que «ponga pruebas encima de la mesa».
Desde la tribuna, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, también expresó su apoyo a Zapatero, aunque centrando su intervención en los logros del expresidente, como la retirada de las tropas de la guerra «ilegal» de Irak, la resolución del conflicto con ETA y la expansión de los derechos sociales en España. «Todo mi apoyo al presidente Zapatero», concluyó.
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