Constanza Sánchez
Medio millar de académicos se han dirigido por carta al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, para pedirle que garantice el acceso a la documentación histórica que se custodia en el Archivo General del Ministerio del Interior (AGMI). En concreto, solicitan que ‘libere’ los millones de documentos del siglo XIX, la Segunda República o el franquismo que actualmente están bajo custodia y cuya liberación incumple la propia normativa del ministerio.
Según información de los impulsores de esta iniciativa, se han unido a la misma miembros de casi cincuenta universidades públicas de toda España, así como alguna privada, y también académicos de Argentina y Estados Unidos, además de países europeos como Francia, Reino Unido, Italia, Alemania, Países Bajos, Portugal y Finlandia.
“Las personas firmantes, dedicadas a la docencia y la investigación en historia contemporánea, ciencia política y disciplinas afines, nos dirigimos a usted públicamente para manifestar nuestra preocupación por las dificultades persistentes de acceso a la documentación histórica custodiada en el Archivo General del Ministerio del Interior (AGMI)”, reza la misiva.
Los firmantes denuncian que esta situación no solo frena el avance del conocimiento histórico, sino que afecta al derecho de la ciudadanía a acceder a archivos públicos conforme a los estándares internacionales. Además, incumple las propias normas del Archivo de Interior, que establecen que no debe conservar, con carácter general, documentación de más de 30 años.
Los académicos recuerdan al ministro que, como cualquier archivo ministerial, este no debería custodiar documentación histórica, ya que esta misión está encomendada a los archivos especializados, sean históricos o intermedios, según el caso.
EN PLAZO Y SIN CENSURA
No obstante, el Archivo de Interior atesora “decenas de miles de cajas, con millones de documentos” del siglo XIX, de la época de la Segunda República o del franquismo, lo que implica que “numerosas investigaciones de carácter histórico deban pasar necesariamente por el AGMI”.
Los investigadores han observado “dificultades de acceso que no suelen presentarse en otros archivos públicos”. Señalan que las solicitudes se atienden con “grandes retrasos”, no se facilitan los instrumentos de consulta y, en ocasiones, se entrega documentación que, aunque no está sujeta a restricciones, presenta marcas actuales de censura.
Muchos de estos problemas derivan de la aplicación restrictiva de una regulación interna desfasada que se pide que se renueve, alineándola con la “actual normativa de transparencia y los estándares de apertura que rigen en la archivística nacional e internacional”.
Por todo ello, se demanda que, “bajo la aplicación estricta de la normativa”, se ordene la transferencia de la documentación histórica custodiada en el sistema de archivos de Interior, ejecutando “de manera inmediata” la transferencia al Archivo General de la Administración, que lleva autorizada desde diciembre de 2024, y que consiste en un total de 6.111 cajas de entre 1829 y 1994.
TRASLADO ESCALONADO
En este contexto, los académicos también piden que se identifique la documentación histórica que permanecerá en el archivo tras esta transferencia y se “programe su traslado escalonado”. Mientras se materializan estas transferencias, se solicita que “se garantice el acceso a este patrimonio documental con condiciones equiparables a las del resto de la red de archivos estatales”.
Y todo ello, recalcan, debe incluir hacer “públicos y accesibles” los instrumentos de consulta del archivo, simplificar el procedimiento de solicitud de documentación, garantizar que las solicitudes se resuelvan en un plazo obligatorio de un mes, reforzar el personal y los recursos del archivo si es necesario, y garantizar el acceso íntegro a la documentación que no tenga restricciones.
Asimismo, reclaman que se normalice la consulta presencial en el archivo y que, si es necesario, se habiliten o adecuen espacios de consulta para blindar este derecho. También piden que se revise y sustituya la Instrucción que regula el acceso a la documentación de 2006 por un reglamento actualizado, así como que se garantice la no retroactividad de la ley franquista de secretos oficiales de 1968.
EL CONGRESO YA PIDIÓ MEDIDAS
El pasado 21 de abril, la Comisión Constitucional del Congreso aprobó una proposición no de ley, impulsada por ERC y pactada con el PSOE, que insta al Gobierno a facilitar el acceso a los fondos del archivo de Interior y a elaborar un plan específico para la digitalización y acceso en línea de los fondos documentales, priorizando aquellos de mayor relevancia para la investigación histórica y la reparación de las víctimas.
Este texto, promovido por ERC y acordado con el PSOE, fue aprobado en la Comisión de Interior con el apoyo de Sumar, Junts, Bildu y PNV, obteniendo el voto en contra de PP, Vox y Unión del Pueblo Navarro (UPN).
