En una reciente sesión del juicio sobre la compra de mascarillas durante la pandemia, la Fiscalía Anticorrupción ha reiterado las penas de prisión solicitadas para el exministro de Transportes, José Luis Ábalos, su exasesor Koldo García, y el empresario Víctor de Aldama, a quienes se acusa de presuntas irregularidades. Mientras tanto, el Partido Popular (PP), que actúa como acusación popular, ha reducido su demanda de pena para el empresario, de siete a cinco años.

Una vez finalizadas las declaraciones de los tres implicados, el Ministerio Público confirmó sus peticiones de penas que varían entre 24 años para el exministro, 19,5 años para su asesor, y 7 años para el empresario Aldama. Todas estas sanciones están vinculadas a actuaciones irregulares en la compra de mascarillas en plena crisis sanitaria.
Por su parte, las acusaciones populares encabezadas por el PP solicitan 30 años de pena para tanto el exministro como su exasesor, mientras que para Aldama han solicitado una pena de cinco años. El letrado del PP, Alberto Durán, ha destacado la colaboración de Aldama con el esclarecimiento de los hechos, lo que ha permitido descubrir otras actuaciones delictivas relacionadas con la adjudicación de contratos de obra pública. Esta colaboración ha llevado a la aplicación de una «circunstancia atenuante de confesión» para el empresario.
El fiscal jefe de Anticorrupción, Alejandro Luzón, presentó un nuevo escrito con conclusiones definitivas, indicando que «en lo sustancial, en cuanto a los delitos y las penas para cada uno de los acusados, no hay ninguna modificación». Luzón aclaró que cualquier cambio en los documentos es meramente de orden y redacción, sin implicar una alteración significativa de las conclusiones previas.
De igual manera, el abogado de Aldama elevó sus conclusiones y expresó su desacuerdo con respecto a la intensidad de la atenuación apreciada por la Fiscalía, afirmando que esto debería resultar en una pena que «en ningún caso puede superar los dos años de prisión para cada uno de los delitos». Las defensas de Koldo García y José Luis Ábalos, por su parte, mantuvieron su postura de buscar la absolución de sus clientes.
