Constanza Sánchez
Madrid, 14 de mayo de 2026. El juicio sobre el presunto enriquecimiento ilícito de la familia Pujol ha quedado visto para sentencia tras más de seis meses de vista oral. Durante este proceso, el expresidente de la Generalitat, Jordi Pujol i Soley, ha sido exonerado por falta de capacidad cognitiva. Sin embargo, la Fiscalía ha mantenido las penas de cárcel que oscilan entre ocho y 29 años para sus siete hijos.
Este jueves concluyeron los informes finales de las defensas, y casi todos los acusados renunciaron a hacer uso de la última palabra, luego de medio año de proceso en el que han comparecido más de un centenar de testigos.
La Audiencia Nacional ha juzgado a los acusados, entre ellos los siete hijos de Pujol, por delitos presuntamente cometidos que incluyen asociación ilícita, blanqueo de capitales, falsificación de documento mercantil, delitos contra la Hacienda Pública y alzamiento de bienes.
Para los hijos de Pujol, la Fiscalía Anticorrupción ha solicitado penas que van desde los ocho hasta los 29 años de prisión, siendo Jordi Pujol Ferrusola, el primogénito, quien enfrenta mayor severidad con una petición de prisión muy elevada. En este proceso también se incluía al propio Jordi Pujol i Soley, para quien la Fiscalía pedía nueve años de cárcel y una multa de 204.000 euros, aunque el tribunal decició exonerarle por su incapacidad cognitiva.
Siete Hijos Acusados
La Fiscalía Anticorrupción ha acusado a los siete hijos del expresidente de la Generalitat, así como a una expareja de Pujol Ferrusola y una decena de colaboradores, de haber formado una organización criminal que se habría beneficiado durante décadas a través de actividades corruptas gracias a su influencia política.
Durante los informes finales, el fiscal Fernando Bermejo acusó a las defensas de intentar convertir el juicio en «un ataque a Cataluña», contraponiendo el fraude fiscal que se habría llevado a cabo durante años al discurso de «España nos roba» del independentismo catalán.
«Nada Probado», Dice la Familia
El abogado de Jordi Pujol Ferrusola, Cristóbal Martell, solicitó la absolución de su defendido, alegando que no se ha probado «nada» en su contra. También argumentó que la fortuna familiar se origina en la «deixa» o herencia del abuelo, Florenci Pujol.
En su declaración como acusado, Pujol Ferrusola negó haber recibido dinero de constructoras a cambio de favores políticos. Adicionalmente, como también lo hizo su abogado, atribuyó el origen de su patrimonio en Andorra a la venta de láminas financieras que provenían de la herencia de su abuelo.
