Constanza SánchezLa Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha revelado irregularidades en algunos contratos de la cátedra que co-dirigió Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en la Universidad Complutense de Madrid (UCM). Según un informe al que los investigadores han tenido acceso, los contratos fueron firmados «al margen del procedimiento establecido en la normativa» y de manera «premeditada».
Este informe ha sido remitido al juez instructor del caso, Juan Carlos Peinado, quien plantea juzgar a Gómez por presuntos delitos de malversación, tráfico de influencias, corrupción en los negocios y apropiación indebida de marca. La UCO ha señalado que la cátedra, denominada Extraordinaria para la Transformación Social Competitiva y especialmente la plataforma Transforma TSC, generó un costo económico directo para la UCM de 108.765,79 euros.
Los colaboradores de la cátedra aportaron entre 225.000 y 253.000 euros de forma altruista para el desarrollo de este software, que posteriormente fue puesto «de carácter gratuito» a disposición de pequeñas y medianas empresas (pymes) a través de talleres promocionales y del público general mediante la página web transformatsc.org. El juez tiene sospechas de que Gómez podría haberse apropiado de este recurso de manera irregular.
Un pago liberado para evitar enriquecimiento injusto de la UCM
La UCO también recalca la condición de «administración pública» de la Complutense, que la obliga a adherirse a la Ley de Contratos del Sector Público. Este marco normativo debe ser considerado al analizar la contratación de servicios para el desarrollo de la plataforma, que fueron abonados a empresas como Making Science Group y Deloitte Consulting.
En relación con Making Science Group, los investigadores destacan que su contratación se realizó «sin ni tan siquiera haber tramitado un expediente administrativo», lo que es obligatorio dada su cuantía de 20.000 euros sin IVA. Dada esta irregularidad, la unidad interventora competente permitió la liberación del pago para evitar un enriquecimiento injusto de la UCM.
Con respecto a Deloitte Consulting, se apunta que se elaboraron dos expedientes como un mero marco administrativo, con el único propósito de dotar de apariencia de legalidad a la contratación de servicios, llevada a cabo fuera del procedimiento establecido. Si bien los pagos a Deloitte fueron respaldados por un contrato menor y una posterior contratación a través de un procedimiento abierto simplificado, se constató que las adjudicaciones eran premeditadas y que la consultora ya había comenzado sus funciones antes de formalizar el primer contrato.
Los informes subrayan que los requisitos y condiciones de ambos contratos se ajustaron a las condiciones predefinidas por Deloitte y la cátedra, incluyendo el precio, y que se solicitaron ofertas de manera simulada, limitando la concurrencia de otros licitadores en beneficio de Deloitte. Además, existen discordancias entre el desempeño real de los servicios y los contratos firmados, ya que no se han encontrado evidencias de que Deloitte realizara alguna de las funciones para las que fue contratado durante el plazo formal de ejecución.
Fondos privados de Gómez
Los investigadores han indicado que el desarrollo del software estaba ligado a una serie de trámites, como el registro de marcas y dominios. Según el informe, el órgano interno de la UCM que supervisaba el proyecto estaba «en pleno conocimiento del estado de la herramienta a lo largo de todo el proceso», y se destaca el rol de Begoña Gómez como directora de la cátedra y responsable principal del proyecto.
A pesar de que se promocionó el acceso gratuito a la herramienta, los investigadores han mencionado que no se siguieron los protocolos establecidos por la UCM para registrar productos que pudieran generar derechos de propiedad intelectual. Esta responsabilidad recaía sobre la cátedra, cuyo órgano interno era dirigido por Gómez.
Además, se constata que los procesos de registro de la marca y del dominio para el acceso público a la herramienta fueron cubiertos con fondos privados de la esfera personal de Gómez, en contraste con otros gastos menores de la cátedra que estaban cubiertos por el fondo correspondiente. La UCO ha indicado que la información bancaria analizada está correlacionada con las actividades profesionales que Begoña Gómez ha estado llevando a cabo.
«Gestión activa» de su asesora en la cátedra
Las pesquisas también revelan que la cátedra se nutría de colaboradores con diferentes niveles de participación. Se confirma que las únicas fuentes de ingreso eran las contribuciones económicas, además de la participación en el desarrollo de la herramienta Transforma TSC. En este contexto, se destaca la figura de Cristina Álvarez, asesora de Gómez en La Moncloa y también investigada. Según los agentes, Álvarez realizó funciones de gestión y apoyo a la dirección de la cátedra, considerándose «integrada en el equipo de trabajo» a pesar de la falta de una relación formal con la Universidad.
El juez Peinado ha abierto una investigación sobre Begoña Gómez por la gestión de la cátedra y los dos másteres que co-dirigió en la UCM, que incluye la sospecha de apropiación indebida del software, así como por el nombramiento de Álvarez como su asesora y presuntos favores a Juan Carlos Barrabés, otro de los investigados en la causa.
